martes 21 noviembre, 2017
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Exención del pago de peaje para personas con discapacidad

Este es uno de los símbolos existentes que garantizan el libre tránsito y el estacionamiento para las personas con discapacidad: símbolo internacional de acceso, llamada vulgarmente oblea móvil.

El Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR) a través de la Disposición Nº 3464/2010 aprobó un nuevo sistema de concesión y diseño del mencionado símbolo, garantizando el derecho de libre tránsito y estacionamiento previsto en la Ley 19.279, modificatorias y Decreto Nº 1313/93, con total prescindencia del automotor en el cual se traslade la persona con discapacidad.

Esta situación no ha sido contemplada por la Resolución 5/2015, del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) mediante la cual se aprobó el “Reglamento de Exención de Pago de Peaje para Personas con Discapacidad”. Se refiere a la red vial nacional concesionada.

La exención del peaje, es solamente para aquellas personas con discapacidad que acompañen copia del título automotor, exigiendo, además, entre otros requisitos para obtener la denominada credencial de “pase libre”, la presentación de licencia de conducir del titular del vehículo o del tercero autorizado para tales fines. O sea que se refiere a un vehículo específico. Excluyendo a aquellas personas que deban trasladarse en taxis, remis o conducidos por personas que realizan traslado por cortesía.

Incluso por la redacción de la resolución, podría darse la situación que si la persona con discapacidad que ha obtenido la credencial de “pase libre” (artículo 15) no viaja en el vehículo por alguna circunstancia, quien lo hace será obligado a pagar el peaje.

Por ello, resulta necesaria una inmediata modificación de la Resolución reincluyendo a las personas con discapacidad que están fuera de la norma. Una resolución en contrario implica un acto discriminatorio y transforma prácticamente en inutilizable a la credencial. Pero más aun, torna a la citada norma en inconstitucional por resultar violatoria del artículo 20 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que adquiriera Jerarquía Constitucional a través de las Ley 27.044 que dispone: “Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y ajustes razonables para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible”.

(*) Instituto de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Colegio de Abogados de Junín

FUENTE: Colegio de Abogados de Junín y La Verdad Online