jueves 15 noviembre, 2018
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La Cámara de Diputados ya debate la despenalización y legalización del aborto

La sesión comenzó pasadas las 11. La votación, muy ajustada, la definirán los trece legisladores que, aun, permanecen indecisos.

Este miércoles, y por primera vez en nuestro país, la Cámara de Diputados debate el proyecto de ley que promueve la despenalización y legalización del aborto a partir del dictamen de mayoría que, este martes, el plenario conjunto de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Salud y Familia habilitó por 64 votos a favor y 57 en contra. En las puertas del Congreso, habrá manifestaciones a favor y en contra de la iniciativa, en lo que se espera que sea una jornada maratónica y con mucha movilización en las calles. La sesión comenzó pasadas las 11.

El proyecto que llegó al recinto después de varios meses de debate propone garantizar el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional.

Por fuera de ese plazo, la iniciativa establece que la interrupción puede realizarse en caso de violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona gestante ante el profesional de salud interviniente; o si la salud o la vida de la mujer o persona gestante estuviese en riesgo. También, se plantea la posibilidad de acceso al aborto después de la semana catorce si se diagnosticara la inviabilidad de vida extrauterina del feto.

En el caso de las adolescentes, niñas o personas gestantes menores de 16 años, la iniciativa establece que la interrupción del embarazo debe realizarse con su consentimiento informado y respetando su interés superior y su derecho a ser oído.

En cuanto a los plazos, el proyecto plantea que la mujer o persona gestante debe acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de cinco días corridos desde su requerimiento, mientras que se incluye la posibilidad de que los profesionales de la salud puedan plantear objeción de conciencia, siempre y cuando manifiesten su objeción previamente, de manera individual y por escrito, y la comuniquen a la máxima autoridad del establecimiento de salud al que pertenece. La idea es que todas las instituciones de salud, públicas o privadas, garanticen que cuentan con profesionales en sus planteles que les permitan a las demandantes ejercer su derecho a un aborto legal.

Asimismo, una vez que se requiera la realización de un aborto, se deben garantizar las consejerías pre y post aborto, con énfasis en una atención integral, tanto médica como social y psicológica. Y se establece que los efectores de salud deben acompañar a quienes demanden la interrupción de sus embarazos con información sobre el cuidado de la salud y métodos de anticoncepción adecuados.

En su artículo trece, el proyecto habla sobre la prevención y establece que todos los niveles del Estado tienen la responsabilidad de promover políticas activas para la prevención de embarazos no deseados, y la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de la población.

Asimismo, remarca que el Estado debe asegurar la educación sexual integral, lo que incluye la procreación responsable, a través de los programas creados por las Leyes 25.673 y 26.150. En este último caso, dice el texto, deben incluirse los contenidos respectivos en la currícula de todos los niveles educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las distintas instituciones educativas, de gestión pública o privada, lo que deberá hacerse efectivo en todo el territorio nacional a partir del próximo ciclo lectivo.

El proyecto, además, fija la creación de un registro de estadísticas, monitoreo y evaluación de la interrupción voluntaria del embarazo, a efectos de generar información actualizada relativa a la implementación de la ley.

En cuanto a la penalización, en tanto, la iniciativa establece la eliminación de las penas vigentes en el Código Penal, tanto para los profesionales que practiquen un aborto o para las mujeres o personas gestantes que lo soliciten o lo realicen por sus propios medios. En cambio, propone distintos tipos de penas para las autoridades de los establecimientos de salud o profesionales de la salud que dilataren, obstaculizaren o se negaren a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados, o quienes lo practiquen sin consentimiento o por fuera de los plazos temporales establecidos, lo que rige tanto para las mujeres o personas gestantes como para los profesionales de la salud.

Además, especifica que “no es delito” la práctica del aborto prevista por la misma ley y que la tentativa de aborto de la mujer o persona gestante no es punible.