miércoles 17 julio, 2019
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Rematan la fábrica El Palmar y hay temor por la pérdida de 70 fuentes laborales

La medida judicial es consecuencia de la quiebra de la firma que luego fue recuperada por los trabajadores, pero que nunca se expropió. La base fue fijada en 1.900.000 dólares.

La Cooperativa El Palmar de Gregorio de Laferrere, dedicada a la fabricación de ladrillos, corre el riesgo de desaparecer: en el Salón de Remates del Poder Judicial, en Capital Federal, con una base de 1.900.000 dólares.

De ceder una deuda a cobrarla

La expropiación hubiera significado que el Estado se hiciera cargo de la deuda, y cediera las instalaciones a los cooperativistas. Con la venta a través del remate, el Estado pasará a cobrar la deuda que la firma tenía con él; también se verán beneficiados parte de los trabajadores actuales, que figuran como acreedores.

La medida de rematar la fábrica parece el golpe final para un emprendimiento que el año pasado paralizó la producción a raíz del corte de los servicios de luz y gas por falta de pago, ya que acumuló una deuda en ambos conceptos de 5 millones de pesos.

“Por esa razón -explicó Ariza- en el predio de El Palmar varias familias generaron otras actividades para sobrevivir, ya que no se están elaborando los ladrillos”.

“Nos aplastaron con las tarifas de luz y gas impagables, a lo que se sumó el aumento de la materia prima”, puntualizó la cooperativista. Ariza se entrevistó con varios funcionarios exponiendo la situación de la entidad y solicitó que se adopten medidas para reanudar la producción, pero no tuvo respuestas.

La cooperativista explicó que los hornos donde se fabrican los ladrillos utilizan gas, y emplean otras máquinas para realizar los cortes que son eléctricas.

De 50 a 500 mil pesos

“Se pagaban facturas de 50, 60 mil pesos, que con el primer ajuste tarifario pasaron a 200 mil pesos. Y cuando terminó la vigencia del recurso de amparo que congeló las tarifas en toda La Matanza, subieron a 500 mil y 700 mil pesos. Se juntaron dos boletas y ya no se pudieron pagar”, recordó Ariza.

Luego indicó que “se hicieron gestiones ante el Ministerio de Energía para que haciendo un pago mínimo las empresas continuaran brindando el servicio, pero finalmente no prosperaron, comenzaron las intimaciones y terminaron llevándose los medidores.