sábado 23 septiembre, 2017
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Reunión de entidades de bien público en reclamo de la tarifa social

La intendenta Verónica Magario, a través de la Dirección de Asuntos Comunitarios del Municipio, convocó para una reunión informativa a las entidades de bien público del distrito. La reunión se llevó a cabo en la tarde del pasado 24 de mayo en el Palacio Municipal  y contó con la presencia de más de 200 entidades entre las que se encontraban Sociedades de Fomento, Clubes, Asociaciones Civiles, Jardines Comunitarios, etc. que desbordaron las instalaciones del salón Malvinas Argentinas.

La reunión fue visiblemente apreciada por los representantes de todas las organizaciones libres del pueblo matancero a los cuales se los observó muy conformes de haber sido convocados, fundamentalmente por el difícil momento que están atravesando en sus instituciones debido al tarifazo de los servicios públicos.

Un momento emotivo de la reunión fue cuando se proyectó como introducción del encuentro una escena de la película “Luna de Avellaneda” que refleja la situación que ya vivieron los clubes de barrio a principio de siglo y que hoy se percibe que la historia vuelve a repetirse.

Hubo un panel de expositores de la problemática que los convocaba, que estaba compuesto por el Director de Asuntos Comunitarios, Tomas García, el Senador Provincial, Daniel Barrera, el Secretario General de Gobierno, Gustavo Dutto, la Secretaria de Desarrollo Social, Claudia Bernazza; la Defensora del Pueblo, Silvia Caprino y el Defensor Adjunto, José María Mira.

Luego de las exposiciones del panel, se les cedió la palabra a distintos titulares de entidades allí presentes quienes fueron dando su opiniones y como corolario de la reunión consensuaron peticionar ante los organismos estatales de control la aplicación inmediata de la tarifa especial para entidades de bien público en sus servicios públicos, contemplada por la Ley 27.218.

Esta ley establece una nueva categoría de usuario específica para entidades intermedias de bien público, así reconocidas por el estado, asimilando su tarifa a la residencial de todos los servicios públicos (incluyendo agua, luz, electricidad y telefonía) dando así una tarifa cercana a la domiciliaria, entendiendo que por el servicio social que brindan dichas entidades a la comunidad merecen una diferencia en los pagos.

Esto posibilitaría un paliativo inmediato al brutal incremento de costos por servicios que ponen en situación de quebranto a la gran mayoría de las instituciones intermedias. En esa búsqueda se firmó un petitorio de presentación colectiva ante los Entes Reguladores de cada servicio público exigiendo el instantáneo respeto a la ley, articulando su instrumentación en las próxima factura y la re facturación de las incorrectas ya enviadas.