martes 21 enero, 2020
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Asociaciones civiles piden más controles y medidas para evitar accidentes de tránsito

En los últimos diez años, 190.000 personas perdieron la vida por este tipo de episodios. Desde Luchemos por la Vida, sostienen que “no hay políticas de Estado que contribuyan a disminuir la cantidad de muertes”.

El jueves 28 de noviembre, dos niñas perdieron la vida luego de que volcara el micro en que se trasladaban hasta Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú. El viaje de egresados, para 43 alumnos y seis adultos de la primaria Rosario Vera Peñaloza, de Benavídez, terminó de la peor forma.

El accidente conmovió a la opinión pública. La unidad de la empresa Silvicar quedó atravesada sobre la Ruta N° 2 a la altura de Lezama y, al cierre de esta edición, todavía se investigaba la causa. En tanto, la Gobernadora saliente, María Eugenia Vidal, decretó tres días de duelo por la magnitud del hecho.

De forma paralela, el pasado martes, un grupo de padres de sexto grado de la escuela primaria Nº 191, ubicada entre las calles Titanic y Bloomberg, en Rafael Castillo, denunció a un chofer alcoholizado que iba a llevar a sus hijos en un viaje de fin de curso a Las Toninas y San Clemente, en el interno 1000, patente KFH-359, de la empresa Rutatlántica. Fue la propia comunidad educativa la que debió comunicarse con la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), que detectó que el conductor, Pablo Alfredo Correa, de 60 años, tenía 1,39 gramos de alcohol en sangre.
El episodio, sumado al antecedente inmediato, despertó la alerta.

Cuidado colectivo

En declaraciones a medios televisivos, Jorge Ceballos, subdirector de la CNRT, señaló que se resolvió suspenderle la licencia por, al menos, noventa días hábiles al conductor alcoholizado de Rafael Castillo. “Para un chofer profesional, la tolerancia de alcohol en sangre es cero”, enfatizó. Además, apuntó contra el Municipio. “Dimos parte a las autoridades municipales, pero no tuvimos respuesta. Sí hubo respuesta en la parte provincial para que ellos trabajen in situ con la empresa”, reveló.

Sin políticas

Desde Luchemos por la Vida, el docente y capacitador Mario Funes destacó que, actualmente, “no hay políticas de Estado que contribuyan a disminuir la cantidad de muertes en las rutas”, al tiempo que resaltó que “faltan acciones colectivas que promuevan el cuidado del otro”.

Según la ONG, en 2018, cerca de 7.300 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito. “Hay que tener en cuenta que es la primera causa de muerte de jóvenes de hasta 35 años. Mata más que cualquier guerra, epidemia o hecho delictivo”, reflexionó.

Por su parte, Carlos Pérez, director ejecutivo saliente de la Agencia de Seguridad Vial, sostuvo que, para cambiar este escenario, la educación es central.

Sin embargo, se presentan dificultades para aplicar la Ley de Promoción de la Educación Vial, promulgada en diciembre de 2015. “Si bien es una ley nacional, como somos un país federal, se necesitan acuerdos entre los municipios, las provincias y la Nación. Esto hace que su aplicación sea bastante compleja”, planteó.

Mientras los debates se suceden y las medidas se demoran, en los últimos diez años, 190.000 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito y muchos podrían haberse evitado.