miércoles 05 agosto, 2020
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Cárcel de González Catán: entre el COVID- 19, la sobrepoblación y los esfuerzos para evitar una “catástrofe humanitaria”

La unidad carcelaria N° 43 se encuentra ubicada en la calle Domingo Scarlatti al 5.100 y tiene el doble de internos que, realmente, debería alojar. “Estamos haciendo el mayor esfuerzo para que la situación no tenga un desenlace fatal”, remarcan.

Inaugurada el 7 de junio del año 2007 bajo un régimen cerrado con modalidad atenuada, la unidad carcelaria N° 43 de González Catán aloja a 863 internos, cuando su capacidad real es de 424. Esa diferencia, es la muestra cabal de la sobrepoblación y, por ende, del hacinamiento en contexto de encierro, dos cuestiones que se vuelven aun más problemáticas en plena pandemia mundial del coronavirus COVID-19.

Situada en la calle Domingo Scarlatti al 5.100, entre Jachal y Machaín, la unidad N° 43, que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), redobla los esfuerzos para “evitar una catástrofe humanitaria sin precedentes”.

En este marco, El1 Digital dialogó de forma exclusiva con Javier Acosta, procurador hace más de ocho años en el mencionado recinto penitenciario, quien dio detalles pormenorizados de lo que está sucediendo en la cárcel del sur del Partido. “Como todas las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, hoy, nos encontramos ante una situación grave en cuanto a la sobrepoblación, el hacinamiento y el peligro del contagio de COVID- 19”, alarmó.

En la misma línea, Acosta, cuyo trabajo es coordinado y supervisado por la Secretaria de Derechos Humanos, Política penitenciaria y denuncias de la Procuración General Bonaerense, expresó que “existe un riesgo real de que se produzca un contagio masivo, aunque, apelando a la lógica, entendemos que la unidad no se encuentra alejada de lo que padece la sociedad toda. La cárcel está tan expuesta como cualquier otro lugar”.

Y alertó: “Lo peligroso es la ansiedad, el temor y la desesperación que produce en la población carcelaria la posibilidad de contagio. Sin dudas, estos sentimientos no son infundados, ya que ninguna cárcel provincial podría hacer frente a una expansión masiva del virus, sería una catástrofe humanitaria sin precedentes”.

Sin embargo, el procurador contó que el poder judicial y el SPB trabajan codo a codo para evitar tal crisis. “Todos los agentes judiciales están trabajando de una manera descomunal, esto me consta, ya que muchas de esas acciones son coordinadas con la oficina judicial. Por citar un ejemplo, existen centenares de pedidos de arrestos domiciliarios que producen un colapso en el sistema judicial. Pese a ello, el esfuerzo de cada trabajador judicial es enorme, ya que se preocupan por dar respuesta con la menor mora posible de los requerimientos que realizan los internos”, aseguró.

“También es para destacar el trabajo de los agentes penitenciarios de la unidad carcelaria N° 43, que están otorgando todas las herramientas posibles para que los internos obtengan alguna respuesta a los distintos reclamos que realizan”, sumó al tiempo que recordó: “Si se produce el contagio en el penal no solo los internos están expuestos al COVID- 19, sino, también, todos los agentes que trabajan diariamente”.

En huelga de hambre

Días atrás, un motín en la cárcel de Devoto encendió las alarmas. “Nos negamos a morir en la cárcel”, rezaba una bandera exhibida en los techos de la prisión porteña. Finalmente, ese conflicto llegó a su fin y hubo consenso entre las partes. En un plano más micro y lejos de los motines, la unidad penitenciaria de González Catán tiene sus manifestaciones. Allí, siete presos se encuentran en huelga de hambre y, si bien la pandemia de coronavirus sirve de contexto, la razón de la protesta tiene que ver con la resolución de sus causas judiciales. Asimismo, cabe aclarar que otros 27 internos, que forman parte del programa de régimen abierto “casas por cárceles”, y que se encontraban en el mismo plan de lucha, desistieron de esa actitud tras una mesa de diálogo realizada el miércoles último.

“Desde el año pasado, ante tal grave situación, (los reos realizaron una huelga de hambre generalizada) distintos poderes de la administración pública y otros organismos, comenzaron a re

alizar mesas de diálogos y poner objetivos en común para descomprimir la cantidad de internos alojados en unidades carcelarias”, explicó el procurador.

Por último, Acosta subrayó: “Es necesario expresar a quienes lleguen estas palabras, ya sean internos y sus familiares, agentes penitenciarios que son quienes conviven en la unidad u otros organismo de derechos humanos, que estamos haciendo el mayor esfuerzo para que la situación no tenga un desenlace fatal”.

Y finalizó: “También le pido a aquellas personas que tienen la posibilidad de expresar sus opiniones en los medios de comunicación que sean cautelosos porque un mensaje mal interpretado o mal intencionado puede provocar un desastre como ya ha sucedido. Recordemos todos que estamos hablando de gente que padece una pena en condiciones inhumanas y que, en la desesperación, puede tomar una decisión que cueste una vida. Si eso pasa, todo el trabajo de aquellos que intentamos acercarnos lo más posible al goce pleno de los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad habrá fracasado”.