viernes 18 octubre, 2019
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El Gobierno analiza dar marcha atrás en el recorte a prestaciones de discapacidad

El viernes por la tarde, circuló un texto membretado por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en el cual se afirma que ante las múltiples “consultas, sugerencias y pedidos de revisión” resulta “necesario” postergar la implementación de la Resolución 1231, que limita los tratamientos de rehabilitación. La medida fue confirmada a este medio por fuentes del organismo, pero todavía no fue publicada a través del Boletín Oficial, con lo cual resta aun la confirmación definitiva.

Tal como publicó El1 Digital el jueves 5 de septiembre, la polémica generada por  la Resolución 1231/2019, que limita los tratamientos de rehabilitación para personas con discapacidad, obligó a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a analizar la suspensión de la medida.

En un texto membretado con el sello del organismo que encabeza Sebastián Neuspiller, que circuló en la tarde del viernes 13 de septiembre entre las organizaciones del sector y algunos medios de comunicación, se afirma que la SSS recibió múltiples “consultas, sugerencias y pedidos de revisión”, por lo que considera “necesario” postergar la implementación, “a la espera de la decisión que se adopte en el seno del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”.

La medida fue confirmada a este medio por fuentes del organismo, pero todavía no fue publicada a través del Boletín Oficial, un paso necesario y obligatorio para que pueda resultar de efectiva aplicación, con lo cual resta aun la ratificación definitiva.

Cabe recordar que, tras la decisión que había adoptado la SSS, un colectivo de “prestadores precarizados de salud y educación” habían convocado para este miércoles 18, a las 13, a una movilización frente a la sede del organismo, en tanto que otras asociaciones del sector habían planificado un «escrache» para el miércoles 25 al mediodía, con la consigna «Nada acerca de nosotros sin nosotros». También, a través de plataformas de peticiones online, distintas agrupaciones civiles recolectaron, en poco más de una semana, más de 28.000 adhesiones a la solicitud de anulación de la normativa.

Una serie de decisiones “inconstitucionales”

La Resolución 1231, junto a la quita de las pensiones contributivas, la entrega a las provincias del control sobre los servicios de transporte y otras acciones del Gobierno nacional en materia de discapacidad, según las asociaciones consultadas por este medio, van en contra de la legislación existente en la materia y con “inconstitucionales. “Esta normativa, junto a todas las que han sacado en estos últimos años, contradice la ley 24.901 de prestaciones básicas para la discapacidad y todos los tratados internacionales en la materia”, resaltó Vera Vera, integrante de TGD Padres TEA de La Matanza.

“Dada su inconstitucionalidad, por vía judicial, se podrá acceder a las coberturas, pero estamos ante una situación totalmente perversa: en julio, un amparo salía 60.000 pesos; una familia con recursos lo va a poder hacer, pero, como siempre, van a terminar sufriendo los más pobres”, aseveró.

En la misma línea se expresó Daniel Ramos, presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CAIDIS), quien sostuvo que está “preocupado” por el “contexto general de ajuste en discapacidad”. “Tendría que haberse citado a todos los actores antes de avanzar con esta decisión. Me llama la atención que algo así salga en este contexto de cambio de gobierno”, sentenció.

El “camino del ajuste”

  1. Quita de pensiones no contributivas: En 2018, valiéndose de un decreto del año 1997, el gobierno excluyó a 170 mil beneficiarios que no cumplían el requisito de invalidez laboral.“Una persona con síndrome de Down podría trabajar si lo deseara”, había justificado en medio de los reclamos el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del ministerio de Desarrollo Social Guillermo Badino.
  2. Caída de servicios de transporte: El 1° de enero de 2019, la Nación transfirió a las provincias el transporte para personas con discapacidad, lo que generó que muchos transportistas decidieran no brindar más su servicio por no tener garantías de cobro. “Tenemos 15 chicos que no están viniendo porque no tienen combi”, había denunciado a El1 Flavia Cifrodelli, del taller protegido San Francisco de Asís.
  3. Atrasos en los pagos y los ajustes por inflación: En junio, Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, señaló a este medio que aún se registraban deudas desde 2017 con más de 1200 instituciones del sector y que el aumento promedio de las prestaciones no llegaba al 14 por ciento, con una inflación interanual de casi el 48 por ciento.
  4. Imposibilidad de pagar las tarifas: Como publicó El1 el 26 de agosto, los talleres protegidos de producción de La Matanza, que garantizan la inclusión laboral de personas con discapacidad, no pueden hacer frente a los sucesivos aumentos de luz, gas y agua y corre riesgo su continuidad. “Nuestra situación es realmente crítica. Los tarifazos nos están asfixiando”, dijo Valeria Súnico, presidenta de APACID.
  5. Recorte en las prestaciones: El 2 de septiembre, el gobierno anunció la resolución 1231 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que puso límites a las prestaciones de rehabilitación para personas con discapacidad. “No sabemos cómo vamos a garantizar que nuestros hijos tengan las terapias que necesitan”, expresó Vera Vera, integrante de TGD Padres TEA de La Matanza.