martes 15 octubre, 2019
Ultimas noticias

“No al ajuste en discapacidad”, una demanda que no deja de crecer

Los principales inconvenientes se registran en pensiones, programas de salud y distintos servicios de atención integral. En 2018, el aumento estatal promedio a los prestadores fue de apenas un 18 por ciento.

El reclamo de las personas con discapacidad fue uno de los primeros que se hizo sentir cuando asumió el actual gobierno. Lejos de haberse apagado ese planteo, la problemática tuvo eco en muchos actores. Sin embargo, debido a la dramática situación que atraviesan múltiples sectores, la voz parece perderse entre distintas demandas que hoy crecen a la par de la crisis.

Por esta razón, la consigna “No al ajuste en discapacidad” toma, día a día y en la medida en que empeora la situación, mayor fuerza para sacar el problema a la calle y, así, ponerlo en agenda.

Desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, señalaron que las áreas más afectadas están vinculadas al apoyo social (pensiones), a la salud (presupuestos de los programas), a la atención integral (cuestionamiento de prestaciones en diversos servicios) y a los retrasos en las liquidaciones de pagos, entre otras.

Cada uno de estos puntos impactan directamente en la calidad de vida de los beneficiarios. “Cuando no se interviene con el equipamiento de un niño con dificultades auditivas en tiempo y forma, se corre el riesgo de que sean menores las posibilidades que le permitan un desarrollo”, ejemplificó el padre Pablo Molero, coordinador del Foro y responsable de la Comisión para las personas con discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires.

Además, indicó que, al cierre de esta edición, el programa Incluir Salud no había liquidado parte de las deudas con las cerca de 1.200 instituciones del área de discapacidad en todo el país, que fueron contraídas en 2017. Se trata del “veinte por ciento de los meses de agosto, septiembre y octubre de 2017”, detalló. Además, recordó que hay otras deudas vigentes del período actual. Esto se suma a un contexto sensiblemente regresivo en materia económica, resaltó Molero: “En 2018, el aumento promedio de las prestaciones no llega al 14 por ciento y la inflación de este año fue casi del 48 por ciento”. Además, algunas provincias tardan hasta doce meses en abonar.

Los más afectados

Ana Ferrara, coordinadora del Equipo Social de la Subsecretaría de Discapacidad local, sostuvo que, principalmente, los reclamos que llegan al área se relacionan con los problemas en los servicios. “En cuanto a Incluir Salud, lo que recibimos regularmente son problemas en cuanto a los pagos, la consecuencia más inmediata de esto es el cese de los servicios”. Al respecto, el transporte es uno de los rubros más afectados. “Los que más se perjudican son quienes concurren a los centros de día o aquellos pacientes que están haciendo algún tratamiento de rehabilitación”, enfatizó.

Por su parte, Alejandra Correa, vicedirectora de la fundación San Francisco de Asís, ubicada en Isidro Casanova, a la que asisten más de treinta personas, explicó que cada vez son más los que tienen complicaciones para concurrir a la entidad. “Este es un espacio que no quieren perder, porque acá vienen de 8 a 16 horas. Desayunan, almuerzan y meriendan. Acá tienen un trabajo y son contenidos”, contó.

“Sin dudas, el colectivo de la discapacidad está pasando por su peor momento. Porque, a la vulneración de derechos a la que siempre es sometida, se suman estos nuevos inconvenientes”, reflexionó Correa. Desde distintos ámbitos anunciaron que, próximamente, volverán a movilizarse para que cesen las promesas y exigir soluciones de fondo.

El transporte, a punto de no arrancar más

Desde la Asociación de Transportistas y Amigos de Educación para Capacidades Distintas (ATAECaDis), confirmaron que todavía no fueron saldadas las deudas del programa Incluir Salud que comprenden los meses de agosto, septiembre y octubre de 2017. A esto hay que sumarle, según el caso, distintos valores del 2018.

Además, el titular de la entidad, Javier Pérez, sostuvo que en dos años y medio solo recibieron un aumento de 36 por ciento. “Con la inflación, esta cifra es insuficiente. Estamos necesitando un incremento de emergencia para continuar prestando nuestro servicio porque, si seguimos así, estaremos al borde de no poder salir más a trabajar”, reveló.