jueves 09 febrero, 2023
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Vecinos de “La Nueva Unión” dicen que están con “el corazón en la boca” ante un posible desalojo

Tras el corte y movilización del jueves, continúa una tensa espera en el asentamiento, ya que la orden judicial para desalojar no tiene fecha de ejecución. La semana próxima tendrían una reunión con funcionarios municipales. “Queremos acceder a la tierra, poder pagarla de manera accesible”, sostienen.

Luego del corte y movilización a las puertas de la Municipalidad que llevaron a cabo el jueves, los vecinos del asentamiento conocido como “La Nueva Unión”, en Rafael Castillo, entraron en una etapa de muy tensa espera, ya que la orden de desalojo que libró el magistrado Ochipinti, en el marco de una causa por usurpación sobre el predio de 80 hectáreas ubicado entre las calles Río Cuarto, Polledo y García Merou no tiene fecha de ejecución, y podría concretarse en cualquier momento.

Por ese motivo, el jueves consiguieron la promesa de una reunión con funcionarios municipales, en principio, para el lunes 21, pero la espera para ellos será larguísima por tener una orden judicial en contra.

En este contexto, y en diálogo con Radio Universidad, Yésica, coordinadora de uno de los comedores del asentamiento, repasó la situación.

“Estamos hace casi dos años acá, ubicados, recuperando este predio que, como habrán visto, es un basural a la entrada, que se estaba extendiendo para este lado y los vecinos, a pulmón, empezamos a limpiar. A raíz de la pandemia, muchos quedaron sin trabajo, no pudimos seguir sosteniendo los alquileres, y nos vimos en la necesidad de recuperar esta tierra, que está abandonada hace más de 35 años. Acá funcionaba una tosquera, cuando dejó de servir, dejaron el lugar abandonado, y la necesidad llevó a cientos de familias a recuperarlo e intentar formar un barrio acá, de a poco, a pulmón”, recordó.

Así, la vecina ratificó la intención de ellos, en medio de difíciles condiciones de vida: “Siempre expresamos nuestra voluntad de diálogo. Queremos acceder a la tierra, poder pagarla de manera accesible, porque somos todos laburantes, hay muchas familias con chicos. Expresamos nuestra voluntad de poder abonarlo y estar acá tranquilos, porque hemos sufrido hostigamiento por parte de la policía, que venían a la madrugada junto con Edenor a cortar los cables precarios que pusimos. Son precarios, pero lo hicimos para facilitar la calidad de vida de quienes habitamos. A Edenor les pedimos varias veces un transformador, hacer un tendido eléctrico legal, que también sea seguro para las familias, pero ellos nos dicen que al estar judicializado no se puede”.

“También nos acercamos al Municipio de La Matanza, para que nos puedan brindar algún tipo de asistencia para las familias y para los comedores comunitarios que se levantaron por la necesidad que surge. Nunca recibimos respuestas”, planteó.

Miedo al desalojo

Al respecto, Yésica comentó: “El jueves, el fiscal se encargó de judicializar a los vecinos que están peleando por un pedacito de tierra para vivir, siendo que nosotros siempre expresamos la voluntad diálogo para adquirir las tierras. El día 10 de diciembre nos enteramos que el juez firma finalmente una orden de desalojo, y la verdad que las familias estamos bastante preocupadas por lo que pueda llegar a suceder. Hay casas constituidas, que son hogares. Esto no es una toma, es un barrio recuperado. Y nosotros queremos permanecer acá porque, la verdad, no es una opción quedarnos, es una necesidad. No estamos acá por gusto, sufriendo el frío, el calor, la falta de agua. Porque hay perforaciones de agua en distintos puntos del barrio, pero no tenemos canillas en nuestros domicilios. Tenemos que acarrear el agua”.La situación judicial que atraviesan es compleja porque el juez Ochipinti, en los considerandos de su fallo, especifica que “Pablo Martín Lozano”, el denunciante, expuso ser el presidente de la firma “Cerámica Martin S.A.” que resulta “propietaria” del predio en cuestión. En ese contexto, ordenó la “restitución del inmueble” a Lozano, y libró la orden de desalojo.

“Ayer nos movilizamos para visibilizar la causa del barrio. No queremos un desalojo. No queremos que surja un Guernica 2. No vamos a dejar lo que por tanto luchamos y peleamos hasta el día de hoy. Creo que de parte del Municipio, del Gobierno, alguien se tiene que hacer cargo de dar una solución. Se aproximan las fiestas, y estamos con el corazón en la boca pensando si mañana vamos a estar acá, o dónde nos vamos a ir. Necesitamos que por favor se pongan las pilas y que velen por el derecho de todas las familias que estamos acá. Hay muchos chicos, no sabemos qué va a pasar mañana, si nos llega a caer la policía”, expresó.