Tras un fallo judicial, el Gobierno reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad
La medida fue oficializada mediante el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de una sentencia que ordenó su aplicación inmediata y el nuevo régimen de pensiones no contributivas.
El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad a través del Decreto 84/2026, publicado este miércoles, tras un fallo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana que ordenó su entrada en vigencia inmediata y fijó como fecha límite el 4 de febrero para su implementación plena.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei, responde a una sentencia dictada en diciembre de 2025, que declaró inválida la suspensión de la ley y exigió avanzar con el nuevo sistema de prestaciones. El conflicto se originó luego de que el Ejecutivo intentara frenar su aplicación, pese a que el Congreso había insistido con su promulgación tras un veto basado en la falta de financiamiento.
La disputa judicial se activó a partir de un amparo colectivo, que derivó en la orden de aplicar de forma inmediata la Ley N.° 27.793. Aunque el Ministerio de Salud y otras áreas presentaron recursos en contra, el juez estableció un plazo máximo de 30 días para dictar la reglamentación, que finalmente fue publicada sobre el cierre del período establecido.
Cómo impacta en las pensiones
El decreto fija los criterios del nuevo régimen de pensiones no contributivas por discapacidad, ahora denominadas Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, y establece requisitos de acceso, evaluaciones socioeconómicas e incompatibilidades con otras prestaciones. La implementación quedará bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud.
Además, la normativa obliga a convocar al Consejo Federal de Discapacidad para consensuar parámetros de evaluación y presentar un plan de auditorías en un plazo de 30 días. También dispone la articulación con organismos oficiales y de la sociedad civil, al tiempo que reconoce las limitaciones presupuestarias y la necesidad de coordinar acciones con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El decreto centraliza la política de discapacidad en el Ministerio de Salud y prevé controles periódicos para evitar superposiciones con otros beneficios previsionales y fortalecer la inclusión laboral. En el texto, el Ejecutivo aclaró que la reglamentación no implica aceptar los fundamentos del fallo judicial, aunque la norma entró en vigencia con su publicación.
Tras la reglamentación, el Gobierno designó a Alejandro Alberto Vilches como secretario Nacional de Discapacidad y se consolidó la nueva estructura tras la salida de Diego Spagnuolo, en medio de cuestionamientos por sobreprecios.
